La industria farmacéutica y de suplementos dietarios no solo tiene un impacto económico relevante en Colombia, sino que desempeña un papel central en la garantía del derecho fundamental a la salud. Precisamente por ello, los operadores de este sector —fabricantes, importadores, comercializadores y expendedores— están sujetos a un marco jurídico estricto que busca proteger la vida y la integridad de los consumidores.

El incumplimiento de estas normas no se traduce únicamente en sanciones administrativas. También puede dar lugar a investigaciones penales por delitos contra la salud pública, como lo señala el artículo 372 del Código Penal, que castiga la corrupción de medicamentos, alimentos o productos destinados al consumo humano.

El caso de un suplemento dietario promocionado como potente quemador de grasa

En 2025, el INVIMA inició un proceso sancionatorio contra varias empresas por la comercialización y publicidad fraudulenta de un productos categorizados como suplementos dietarios que se promocionaban como como un “potentes quemadores de grasa” en redes sociales y plataformas de comercio electrónico .

La autoridad sanitaria evidenció múltiples infracciones:

• Publicidad engañosa y no autorizada, en contravía del Decreto 677 de 1995 y el Decreto 3249 de 2006, que regulan la promoción de medicamentos y suplementos dietarios.
• Comercialización sin aval sanitario, lo que constituye un incumplimiento grave al régimen de registro y control de calidad.
• Afectación al consumidor, pues se atribuían propiedades terapéuticas y preventivas sin sustento científico ni autorización oficial.

Este tipo de conductas no solo activa la potestad sancionatoria del INVIMA bajo el artículo 577 de la Ley 9 de 1979, sino que también puede ser analizado por la Fiscalía en el marco del delito de corrupción de productos destinados al consumo humano.

De la sanción administrativa a la responsabilidad penal

El sistema jurídico colombiano prevé un escalonamiento en la respuesta estatal:

• Administrativamente, el INVIMA puede imponer multas, ordenar cierres temporales o definitivos de establecimientos y decomisar productos que representen un riesgo para la salud pública.
• Penalmente, los responsables pueden enfrentar condenas de prisión cuando la conducta encaja en tipos penales como los previstos en los artículos 372 a 377 del Código Penal, que sancionan desde la corrupción de alimentos hasta la fabricación y distribución de sustancias nocivas.

Es decir, lo que empieza como una infracción sanitaria puede transformarse en un proceso penal con consecuencias personales serias para representantes legales, directores técnicos o administradores que incumplan su deber de control.

La responsabilidad de los operadores farmacéuticos

La lección es clara: la comercialización de productos farmacéuticos y suplementos exige cumplir a cabalidad con el ordenamiento jurídico vigente. Esto implica:

• Obtener y mantener vigentes los registros sanitarios.
• Ajustar la publicidad y promoción a la normativa aplicable, con previa autorización del INVIMA.
• Implementar sistemas de calidad y trazabilidad que garanticen la seguridad del consumidor.
• Capacitar al personal en ética y cumplimiento normativo.

El operador que descuida estas obligaciones no solo pone en riesgo su reputación y estabilidad económica, sino que se expone a procesos administrativos, civiles y penales.

Reflexión final

El caso de estos productos y otros similares recuerdan que en el sector farmacéutico no hay espacio para la improvisación ni para la informalidad. Cada actor de la cadena tiene la responsabilidad jurídica y ética de velar por la salud de la población.

Cumplir las normas no es un trámite más: es una garantía de confianza, un blindaje legal frente a sanciones y, sobre todo, una manera de honrar el compromiso con el bien jurídico más preciado: la vida y la salud de las personas.